COMPROMÍS : Mulet pregunta sobre el contrato de seguridad privada para el mauseleo de Franco pagada con dinero público, después de ser vetada la pregunta anterior por llamar genocida al dictador 

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

España sufrió una cruenta dictadura bajo un  asesino, criminal autor de crímenes de lesa humanidad, responsable de la muerte de miles de españoles y españolas, de personas desparecidas todavía a fecha de hoy, en fosas sin investigar, responsable directo del crimen o asesinato de demócratas personas que fueron objeto de condenas dictadas por los tribunales ilegítimos instaurados tras el golpe militar de 1936, responsable directo de la tragedia de miles  personas que se exiliaron por causa de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista por defender sus derechos y libertades democráticos, responsable directo del sufrimiento de las personas que, debido a su compromiso con los derechos y libertades democráticos, y para defender su pervivencia en la sociedad española, española y europea, padecieron confinamiento, torturas y, en muchos casos, la muerte en campos de concentración y exterminio de los países configurados políticamente bajo el fascismo.
Responsable directo de la tragedia de las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, así como quienes les prestaron apoyo activo como colaboradores de la misma en defensa del Gobierno legítimo de la Segunda República Española y por la recuperación de la democracia. Responsable directo de la tragedia de las familias y los niños y niñas recién nacidos que fueron sustraídos y/o entregados irregularmente a otras personas, así como sus progenitores y hermanos o hermanas.
Responsable directo del sufrimiento de las mujeres que padecieron humillación, persecución, violación o castigo por haber ejercido su libertad personal o profesional durante la Segunda República, o por el mero hecho de ser compañeras, esposas o hijas de quienes participaron en la vida pública de la democracia republicana.
Responsable directo del sufrimiento o muerte de  las personas que padecieron represión por sus creencias políticas o religiosas, por su orientación sexual, o por su origen étnico.
Responsable directo del sufrimiento o muerte de  las personas  que desempeñaron trabajos de manera forzada y que fueron utilizadas como mano de obra sin su consentimiento y bajo coacción durante las Guerra Civil y la Dictadura franquista.
Responsable directo del sufrimiento o muerte de  Los empleados públicos que, mediante el oportuno expediente o por vía de hecho fueron castigados, expedientados o depurados como consecuencia de sus convicciones democráticas, su participación activa en defensa de la legalidad constitucional de la Segunda República Española, su oposición al golpe militar de 1936 y a la dictadura franquista.
Responsable directo del sufrimiento o muerte de  las personas que padecieron privación de libertad por su defensa de la Segunda República o por su resistencia al régimen franquista con el fin de restablecer un régimen democrático.
Responsable directo del castigo a Las entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron ilegalizadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que fueron doblemente castigadas con la represión sobre sus miembros y con la incautación o expropiación de sus bienes.
Responsable directo del sufrimiento o muerte de  personas físicas o jurídicas a las cuales se les incautaron sus bienes y propiedades.

Respecto a este genocida, publica elconfidencial.com la siguiente noticia
“El Gobierno ha puesto seguridad privada al panteón del cementerio de Mingorrubio en el que está enterrado Francisco Franco desde el pasado 24 de octubre. La Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de adjudicar un contrato para el control del mausoleo, ubicado en terrenos de titularidad pública, a la firma Ariete Seguridad, Vigilancia y Protección SA. Desde que se produjo el traslado del ataúd, esa labor había recaído en la Policía Nacional.
El Ejecutivo ha decidido ahora externalizar el servicio. La licitación de Patrimonio del Estado se resolvió el pasado 16 de enero, aunque la empresa de vigilancia no empezó a custodiar la tumba hasta este martes. Sus trabajadores permanecerán allí durante 54 días, plazo previsto para la finalización del encargo, según estipulan los pliegos del proceso, que no contemplan una prórroga del servicio.

En total, el departamento que dirige María Jesús Montero abonará 17.424 euros (el mes sale por 9.680 euros). Al no superar los 18.000 euros, la adjudicación se ha tramitado como un contrato menor. Otras dos firmas de seguridad privada se presentaron al concurso, pero Ariete Seguridad, Vigilancia y Protección SA ofertó el precio más bajo. Aunque no se especifica en la licitación, fuentes cercanas al proceso precisan que el servicio de seguridad se prestará durante las 24 horas del día, siete días a la semana.
Interior montó un dispositivo similar con agentes de la Policía Nacional, aunque con muchos más efectivos. La operación comenzó incluso antes del traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos para prevenir posibles desórdenes públicos, manifestaciones de extrema derecha y ataques al panteón, en el que también están enterrados otros miembros de la familia del general. De hecho, el Gobierno costeó una reforma del mausoleo del clan para instalar una puerta blindada, sensores volumétricos y rejas en las ventanas.
Tras la llegada del ataúd del dictador, Interior organizó un control de entrada al camposanto para identificar a todas las personas que accedieran y envió patrullas de forma continuada para supervisar la zona. Pero, según han confirmado a este diario fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, esas medidas ya han concluido. Ni el día del traslado ni tampoco el 20-N, aniversario de la muerte de Franco, se registraron incidentes. Apenas se concentraron unas decenas de personas.
La vigilancia correrá a partir de ahora por cuenta de Ariete Seguridad, Vigilancia y Protección SA y la pagará Hacienda. La administradora única de esta firma de Seguridad es una antigua dirigente del Partido Popular, la ex primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) Silvia Cruz Martín, que dejó el cargo por sorpresa en julio de 2017. En marzo de 2019, la Consejería de Sanidad madrileña adjudicó a esta compañía el contrato para la vigilancia de 12 hospitales de la región durante tres meses por un importe de 1,5 millones de euros, como reveló este diario.”

Por ello, se presentan al Gobierno las siguientes preguntas
·         ¿Por qué motivo un golpista, criminal (autor de crímenes de lesa humanidad), asesino, genocida, homicida, dictador, verdugo de inocentes, dictador, opresor, fascista, ha de reposar en una mausoleo titularidad del Estado?

·         ¿Qué coste tiene el mantenimiento anual de ese mausoleo para el genocida?

·         ¿Qué gastos concretos, y en qué conceptos, ha supuesto al Estado, la adaptación del mausoleo para albergar los restos del genocida asesino?

·         ¿Por qué ha decido el Gobierno dotar a este mausoleo de un servicio de seguridad privada pagada con dinero público?

·         Con todo lo robado por los Franco, no solamente en vidas humanas y en libertades, sino en bienes ajenos que se apropiaron robando a manos llenas, como robaron la democracia al pueblo español, ¿tiene alguna deuda el Estado con este genocida para pagarle el entierro, el mausoleo, el condicionamiento del mismo y ahora también la seguridad privada?

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