PP CASTELLÓN : Los alcaldes del PP alertan de la preocupación por el efecto de las desaladoras en Castellón

  • Los alcaldes reclaman al Gobierno central que asuma el coste de las obras, cifrado en 106 millones, como ha hecho en otras comunidades autónomas

  • Alós (PP): “El Gobierno debe revisar el asunto de las desaladoras de la provincia y no deben pagar los vecinos sus imposiciones”

Los alcaldes del Partido Popular han mantenido una reunión para alertar de la preocupación creciente por el efecto de las desaladoras entre los usuarios de la provincia de Castellón. Los alcaldes y portavoces del Partido Popular han trasladado a los parlamentarios nacionales su preocupación ya que, tal y como ha advertido el alcalde de Moncofa, Wences Alós, “el acuerdo impuesto por el PSOE hipoteca el futuro de los cinco municipios afectados”. Es decir, Moncofa, Xilxes, Oropesa, Cabanes y Benicàssim.

Los alcaldes del PP consideran que la imposición que se puso en su día a los Ayuntamientos es inasumible en la actualidad para las administraciones locales “y el Gobierno debe implicarse y tomar medidas”.

La reunión la han mantenido los alcaldes y portavoces de Moncofa, Benicàssim, Xilxes, Oropesa y Cabanes junto a los dos senadores de Castellón y el diputado nacional del PPCS.

De hecho, la intención del Gobierno central es que sean los ayuntamientos los que paguen el coste de las obras (106 millones de euros solo en el caso de la provincia de Castellón), lo que supone “un grave perjuicio para los vecinos de los municipios afectados” puesto que “el agua se destina no solo a los vecinos de las localidades en las que están las plantas desaladoras”.

Los alcaldes consideran que el Gobierno central debe asumir el coste de las obras, de la misma forma que hizo en el caso de otras comunidades autónomas, como en Cataluña, donde se pagó hasta el 80% del coste de las obras.

Cabe recordar que los ayuntamientos implicados (Moncofa, Xilxes, Benicàssim, Oropesa y Cabanes) tuvieron que firmar un pre acuerdo en 2008 con Acuamed ya que en caso de no firmarlo no podían solicitar licencias de obra o, por ejemplo, no se aprobaba la instalación de empresas en el término municipal. Pero, “la realidad de 2020 es muy distinta a la de 2008 ya que el proyecto de entonces contempla un crecimiento urbanístico irreal” por lo que “los vecinos de cinco municipios no pueden ser rehenes de una decisión equivocada”.

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